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La justicia se cierne sobre los responsables de CCM cuatro años después de su caída


Dentro de unos días, el 29 de marzo, se cumplen cuatro años de la caída de Caja Castilla-La Mancha, la primera entidad que tuvo que ser intervenida por el agujero que provocó el estallido de la burbuja inmobiliaria y de crédito. Un golpe que demostró que la crisis financiera había llegado a España, pese a las reiteradas negativas del Gobierno, y que provocó el pánico en las autoridades. Nadie ha pagado todavía por la quiebra del Lehman Brothers español. En abril la Audiencia Nacional decidirá si hay juicio o no, una vez concluida la fase de instrucción.

Juan Pedro Hernández Moltó, que fue diputado socialista y consejero de Economía de Castilla-La Mancha, presidió la caja desde el 23 de octubre de 1999 hasta que el Banco de España la intervino, en medio de abiertos enfrentamientos entre los consejeros socialistas y los populares y tras una importante salida de depósitos. Hernández Moltó fracasó en sus intentos de fusión con Ibercaja y con Unicaja y el Estado tuvo que inyectar 3.775 millones a través del Fondo de Garantía de Depósitos, que vació su hucha con esta operación. La factura pública se elevó después hasta 7.100 millones con las ayudas que hubo que dar a Cajastur para que absorbiera a la manchega.

El expresidente de CCM defendió entonces, y sigue haciéndolo, que su gestión fue adecuada. Como, por ejemplo, en el caso de la inversión en el fallido aeropuerto de Ciudad Real, que se ha liquidado en febrero con 529 millones de deuda: “La racionalidad económica del proyecto estaba más que probada”, dijo Hernández Moltó en una intervención en el Congreso de los Diputados. Culpa al PP y al Banco de España de los problemas de la caja y reclama que salió de la ella sin cobrar ninguna indemnización. De CCM solo se llevó una remuneración de 130.000 euros anuales.

Caso abierto

El BdE abrió un expediente regulador al expresidente de la entidad, le impuso una  multa de 155.000 euros –recurrida- y le inhabilitó por cinco años. El expediente no se ha cerrado y seguirá paralizado hasta que haya sentencia judicial firme, como sucedió en el caso Banesto. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias, pero en noviembre de 2011 descartó que Hernández Moltó e Ildefonso Ortega, director general, se hubieran enriquecido a costa de CCM. El proceso penal iniciado por la Audiencia Nacional por presunto fraude a los depositantes y los acreedores de la caja continúa en la fase de instrucción.

Los antiguos directivos han sido acusados de presuntos delitos de administración desleal, negativa o impedimento a los socios del ejercicio de sus derechos, falsedad contable y falsedad en documento mercantil. El juez Pablo Ruz ha pedido al BdE un informe adicional sobre cinco operaciones concretas que costaron a la caja 402 millones. El 8 de abril los peritos del juzgado deben ratificarlo y, a partir de ahí, el juez decidirá si sigue adelante con el proceso penal.

El abogado de Hernández Moltó, José Ángel González Franco, resta importancia al informe  -“dirá lo mismo que en el primero”- y señala que pedirán el sobreseimiento del caso, dado que no se habrá podido acreditar ningún delito. La última aparición pública de Hernández Moltó, que actualmente tiene 61 años, fue su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados el pasado noviembre.

Ortega acusa a Moltó

Ildefonso Ortega es el segundo gran responsable del triste final de la caja manchega. Ortega era uno de los miembros colocado en el Consejo de Administración por el Partido Popular y el director general de la entidad. Como a Hernández Moltó, el BdE le abrió varios expedientes por faltas graves –no se han publicado, dado que el expediente no se ha cerrado todavía-, fue inhabilitado y multado con 150.000 euros.

Ortega, que además de director general de la caja era presidente de la sociedad de tasación Tinsa, decidió acogerse a la jubilación parcial en el momento de la intervención. Pero el Consejo nombrado por el Banco de España lo despidió veinte días después por las faltas que se le achacaban en el informe del supervisor. Pese a todo, Ortega no se quedó en la calle: mantuvo su puesto de consejero en el grupo alimentario SOS y de vocal del Consejo en Ahorro Corporación hasta 2011.

El Banco de España abrió expedientes sancionadores a otros dieciocho miembros directivos de CCM, además de Hernández Moltó y de Ortega. Entre ellos, Federico Rodríguez Morata (el exvicepresidente de la entidad), Carlos Jiménez (UGT), Tomás Martín Peñato (expresidente de la caja), José Fernando Sánchez Bódalo (alcalde de Alcázar de San Juan), Emilio Sanz (uno de los consejeros del PP), Rosa Romero (alcaldesa de Ciudad Real), Jesús Bárcenas (exvicepresidente), José Fernando Sánchez Bódalo (alcalde de Alcázar de San Juan) y Carlos Cotillas (alcalde de Tomelloso).

El Ministerio de Economía ratificó en julio de 2010 las sanciones que propuso el BdE a la cúpula directiva de CCM en 2009. Para ellos el Banco de España estableció multas que oscilan entre los 20.000 y 100.000. Los consejeros también han recurrido estas sanciones, cuyo total es de 1.085.000 euros.

Exponente del ladrillo

La caída de CCM provocó pánico en el Gobierno y en el BdE y alarma en la opinión pública, tanto dentro como fuera de España. La intervención de la caja era un caso sin precedentes que ponía en evidencia las vergüenzas del ladrillo y la banca españoles y que provocó que se convocara un Consejo de Ministros extraordinario en domingo, el 29 de marzo, para aprobar la intervención.

Caja Castilla-La Mancha fue el resultado de la fusión en 1992 de las cajas de ahorros de Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete. El estallido de la crisis en 2008 hizo tambalearse a la entidad, que buscó fusiones para evitar hundirse y poder hacer frente a su elevada morosidad. Ibercaja (presidida por Amado Franco), primera novia a la que cortejó Hernández Moltó, aseguraba que el agujero de la entidad manchega era de 3.000 millones y las negociaciones fracasaron. Hernández Moltó lo intentó después con Unicaja (presidida por Braulio Medel), que pidió al Gobierno 2.000 millones en ayudas y garantías para cubrir la mora. El BdE rechazó la operación.

Finalmente, fue adjudicada a Cajastur (presidida por Manuel Menéndez) en 2010. Esta vez el órgano supervisor accedió a conceder todas las facilidades y ayudas que pedía la entidad asturiana. El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, reconoció dos años después ante los periodistas que la de CCM había sido “probablemente la peor intervención”. “Casi es un ejemplo de todo lo que no hay que hacer”, admitió.

El plan de la intervención suponía que CCM debía devolver el dinero que le había inyectado el Fondo de Garantía de Depósitos en marzo y emitir participaciones preferentes por ese importe. A cambio, la entidad recibió 900 millones de capital puro, en forma de cuotas participativas, y 400 millones en otra emisión de preferentes. Además, se dio un seguro a Cajastur para cubrir la morosidad futura.  Las garantías adicionales  concedidas ascendieron a 2.475 millones. CCM tenía una tasa de mora en ese momento del 17% y había cerrado el primer semestre de 2009 con unas pérdidas de 138,5 millones.

A pesar de las pérdidas de la caja y del dinero público que hubo que desembolsar, la cúpula directiva de CCM se repartió 1,5 millones en 2009, según los datos del informe anual de gobierno corporativo. Además, los miembros del Consejo percibieron 45.000 euros en dietas por asistencia y los de la Comisión de Control otros 58.000 euros.

http://www.elconfidencial.com/economia/2013/03/24/la-justicia-se-cierne-sobre-los-responsables-de-ccm-cuatro-anos-despues-de-su-caida-117431/

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